La ley de accesibilidad web ya obliga a muchos despachos

La accesibilidad web dejó de ser una recomendación de usabilidad el 28 de junio de 2025: ese día entró en vigor la Ley 11/2023, que traspone la directiva europea de accesibilidad y obliga a buena parte del comercio electrónico español, incluidas las webs de despachos que cobran o agendan citas online. Si tu bufete capta leads a través de tu página, conviene saber si te afecta, qué exige técnicamente el estándar WCAG 2.1 AA y qué sanciones arriesga quien lo ignora. No hace falta rehacer la web entera: hace falta saber por dónde empezar.

Qué exige la ley de accesibilidad web

La Ley 11/2023, de 8 de mayo, traspone la Directiva (UE) 2019/882 —conocida como European Accessibility Act— y amplía a la empresa privada una obligación que hasta 2025 solo pesaba sobre las administraciones públicas bajo el Real Decreto 1112/2018. El estándar técnico es el mismo en los dos casos: la norma UNE-EN 301549, que incorpora los criterios de nivel A y AA de las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web, las WCAG 2.1.

La accesibilidad web es el conjunto de requisitos que permiten que una persona con discapacidad visual, auditiva, motriz o cognitiva use una página con las mismas garantías que cualquier otro visitante: que la lea con un lector de pantalla, que la navegue sin ratón o que entienda un formulario sin ambigüedad.

Cumplir el nivel AA implica contraste de color suficiente entre texto y fondo, texto alternativo en cada imagen con significado, navegación completa por teclado sin depender del ratón, subtítulos en el vídeo corporativo y formularios de contacto con etiquetas que un lector de pantalla pueda anunciar. Es el mismo listón que ya exige el sector público desde 2018, trasladado ahora a la web con la que el despacho capta clientes.

Despachos obligados por la Ley 11/2023

La norma no obliga a cualquier web informativa: activa la obligación cuando el sitio presta un servicio de comercio electrónico, es decir, cuando cobra o contrata algo online. En el sector legal eso incluye la reserva de consultas, la venta de plantillas descargables y las suscripciones de pago. Una web que solo explica servicios y recoge un formulario de contacto sin cobro queda fuera del ámbito estricto de la ley.

Reservas y pago de consultas online

Cada vez más despachos incorporan un widget de agenda para que el cliente potencial elija hora y pague la primera consulta sin llamar por teléfono. Ese widget, junto con la página que lo aloja, es exactamente el tipo de servicio de contratación electrónica que la Ley 11/2023 regula: si el formulario de pago no se puede rellenar con teclado o el calendario no anuncia las fechas disponibles a un lector de pantalla, el despacho incumple aunque el resto del sitio esté impecable.

La excepción de la microempresa

El artículo 3 de la ley excluye a la microempresa: menos de diez empleados y un volumen de negocio o balance anual inferior a dos millones de euros. Un despacho pequeño con esas cifras no tiene obligación legal aunque venda online, aunque conviene no confiar en la exención: si trabaja con un marketplace de servicios legales que sí está obligado, este suele exigir el mismo nivel de accesibilidad a los formularios y contenidos que se integran dentro de su propia web.

Requisitos técnicos del estándar WCAG 2.1 AA

El nivel AA se traduce en comprobaciones concretas, no en una declaración de intenciones. Antes de encargar una auditoría conviene revisar de forma manual estos puntos, que son los que con más frecuencia hacen suspender a una web jurídica:

• Contraste mínimo de 4,5:1 entre el texto y el fondo, también en botones y enlaces del menú.
• Texto alternativo descriptivo en logotipos, iconos e infografías, vacío solo en imágenes puramente decorativas.
• Foco de teclado visible en todos los enlaces, botones y campos del formulario de contacto.
• Subtítulos o transcripción en cualquier vídeo institucional o testimonio de cliente.
• Etiquetas label asociadas a cada campo, para que un lector de pantalla anuncie qué dato pide cada casilla.

Errores más comunes en webs de despachos

Los PDF descargables —modelos de demanda, guías o dosieres— son el fallo más repetido: se cuelgan escaneados o sin etiquetar, así que un lector de pantalla no puede leerlos. El segundo error habitual son los formularios de contacto montados con plugins que prescinden de etiquetas visibles y sustituyen el texto por un simple color de fondo en el campo, invisible para quien no ve el cursor. El tercero es el símbolo de cookies o el chat de captación de leads flotante: si no se puede cerrar con teclado, bloquea el resto de la página a cualquier usuario que no use ratón, justo cuando está a punto de rellenar el formulario de contacto.

Sanciones por incumplir la accesibilidad digital

El régimen sancionador clasifica el incumplimiento en tres niveles, con la comunidad autónoma como autoridad de vigilancia de mercado y la posibilidad de que un usuario o una asociación de personas con discapacidad presente una reclamación directa.

En la práctica, Consumo ha aclarado que no va a perseguir de oficio al autónomo o al pequeño despacho que aún no haya adaptado su web, y que la vigilancia se concentra por ahora en servicios de mayor volumen. Eso no anula la obligación ni el riesgo de una reclamación particular: solo explica por qué la mayoría de los casos que llegan a sanción hoy son de empresas grandes, no de bufetes pequeños.

Pasos para adaptar la web sin rehacerla

Rehacer la web entera no es necesario ni razonable para cumplir el nivel AA: la mayoría de los fallos se corrigen sobre la plantilla actual. El orden que mejor funciona es auditar primero, priorizar después y documentar al final, porque una auditoría sin priorización deja al despacho con una lista de cien tareas y ninguna hecha. Si el diagnóstico apunta a un rediseño de fondo, un servicio de desarrollo web para abogados que incorpore estos criterios desde el primer boceto sale más barato que corregirlos después.

Auditoría, priorización y declaración de accesibilidad

Una auditoría manual con lector de pantalla y navegación por teclado, aunque sea de las páginas con más tráfico —inicio, contacto y la ficha del servicio que más leads genera—, detecta antes los fallos graves que una herramienta automática, que solo cubre en torno a un tercio de los criterios WCAG. Los llamados widgets de accesibilidad que se instalan con una línea de código no sustituyen esa auditoría: corrigen síntomas visuales pero no arreglan un PDF sin etiquetar ni un formulario mal construido, y varias resoluciones europeas ya los han descartado como prueba de cumplimiento. Cerrado el diagnóstico, toca publicar la declaración de accesibilidad exigida por la ley, con un canal de contacto para que cualquier visitante pueda reportar una barrera que se haya pasado por alto. Si prefieres que alguien externo haga primero ese diagnóstico, puedes pedir una auditoría de accesibilidad antes de tocar una sola línea de la web.

Preguntas frecuentes sobre accesibilidad web

¿Mi despacho está obligado si la web es solo informativa?

Si no permite contratar ni pagar nada online, queda fuera del ámbito estricto de la Ley 11/2023, salvo que ofrezcas citas o productos de pago. Aun así, cumplir el nivel AA mejora la experiencia de navegación y suele traducirse en mejor rastreo e indexación, uno de los factores que trabajamos en SEO para abogados.

¿Qué es el estándar WCAG 2.1 AA?

Es el nivel intermedio de las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web del W3C, el mismo que exige el sector público desde 2018. Cubre contraste, teclado, subtítulos y estructura semántica, y es el listón que recoge la norma UNE-EN 301549 citada por la ley española.

¿Hay algún plazo de gracia para adaptarse?

Solo para servicios contratados con productos ya en uso antes del 28 de junio de 2025, que pueden mantenerse hasta cinco años. Un despacho que lance una web o un widget de pago nuevo hoy debe cumplir desde el primer día, sin periodo transitorio.

Fuente: BOE — Ley 11/2023, de 8 de mayo (Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado)